[Public Health for migrants and refugees in Europe (as well)].

En el último lustro ha aumentado considerablemente el número de personas migrantes o con necesidad de protección internacional que llegan a las costas mediterráneas de la Unión Europea, sobre todo a Italia y Grecia, y en menor medida a España1. El año de mayor afluencia fue 2015. En dicho año, el 60% de las personas solicitantes de asilo provenían de Siria, Afganistán, Irak, Kosovo, Albania y Pakistán; el 53% tenían entre 18 y 34 años de edad; el 28% eran mujeres; y el 29% eran personas menores de 18 años (más de 96.000 niños, niñas y adolescentes no acompañados)2. España registró en 2015 el 1% de las solicitudes de asilo en la Unión Europea y aceptó el 31% de ellas, cuando la media europea fue de un 50% de aceptaciones3,4. Las políticas pro cierre de fronteras exteriores e interiores de la Unión Europea contribuyen al desastre humanitario4: las muertes de personas migrantes y necesitadas de protección internacional en el Mediterráneo superaron con creces, en 2016, las elevadas cifras de años anteriores1. La gestión de la acogida de personas refugiadas ha generado múltiples vulneraciones de sus derechos humanos: detenciones y encierros, repatriaciones forzadas, condiciones de vida indignas en hotspots5 o campos de refugiados, situación de calle, desalojos violentos de asentamientos, negligencia institucional, trabas burocráticas y ralentización de los trámites para obtención del asilo, protección internacional o estatus de regularidad administrativa, brotes de xenofobia, criminalización mediática, etc. Ideológicamente se ha alimentado una clasificación binaria que diferencia entre personas refugiadas y migrantes por razones económicas6; entre quienes merecen protección como víctimas de persecuciones, guerras, violencia, etc. y quienes no tienen los mismos derechos reconocidos, que son la mano de obra barata de la economía global. Asimismo, se han creado categorías entre quienes demandan protección en función de su nacionalidad, disparidades entre países7 y variaciones dentro de un mismo país, como ocurre en España con las víctimas de trata o de persecución por su orientación sexual3,8.